¿Por qué es importante que sesione el Consejo de Salubridad General?

El órgano administrativo con facultades constitucionales para emitir disposiciones generales -de carácter obligatorio- en materia de salud para todo el país es el Consejo de Salubridad General, institución que hasta ahora no había sido convocada por el presidente de la República, como parte de los esfuerzos oficiales para combatir la pandemia de COVID-19. Según varias […]

El órgano administrativo con facultades constitucionales para emitir disposiciones generales -de carácter obligatorio- en materia de salud para todo el país es el Consejo de Salubridad General, institución que hasta ahora no había sido convocada por el presidente de la República, como parte de los esfuerzos oficiales para combatir la pandemia de COVID-19.

Según varias notas periodísticas, se prevé que este Consejo sesione la tarde de este jueves.

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, México aún no está en una emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Sin embargo, senadores, especialistas en sanidad pública, exfuncionarios de la Secretaría de Salud, y hasta los colegios de abogados, han insistido desde la semana pasada que el Consejo de Salubridad General debe instalarse en sesión permanente, para que se emitan acciones coordinadas en contra de la epidemia.

Lee: Estas son las consecuencias jurídicas de una epidemia

Formalmente, el Consejo tiene competencia para aprobar y publicar, en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria “en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional”, y justo en este supuesto se ubica el COVID-19, considerando los criterios de la Organización Mundial de la Salud.

Acciones unilaterales

Hasta ahora, el subsecretario López-Gatell ha asegurado en diversas declaraciones que, para atender los casos de COVID-19, el gobierno federal está en coordinación con todas las entidades del país, sin embargo, desde el pasado fin de semana más de 10 estados han emitido sus propias políticas de prevención, adelantándose incluso a las medidas propuestas desde el centro del país. En los hechos, lo que hemos visto no es coordinación.

De ahí la importancia del Consejo de Salubridad General, organismo que está facultado, de acuerdo con nuestra Constitución, para ordenar acciones encaminadas para prevenir, contener y mitigar una pandemia como la del coronavirus.

Otra ventaja del Consejo es su integración, pues aunque las decisiones finales están en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, al sesionar el Consejo, el Ejecutivo federal tiene que escuchar, por ejemplo, a la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, la neuróloga Teresita Corona Vázquez; al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Enrique Graue Wiechers, quien por cierto también es médico; a los secretarios de Salud de varios estados; al presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Miguel Betancourt Cravioto; y al presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, Roberto Simón Sauma, entre otros.

En opinión del exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, José Narro Robles, “México vive una emergencia sanitaria por el coronavirus”. Por eso, en estas situaciones, “el Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad. Por ello resulta indispensable convocarlo”, apuntó el exfuncionario en su cuenta de Twitter.

Medidas polémicas

Hay que advertir que algunas de las medidas que puede emitir el Consejo de Salubridad General podrían considerarse violatorias de derechos humanos, tales como restringir el tránsito y movilidad de los ciudadanos, u ordenar el cierre de empresas y negocios, a fin de evitar concentraciones de personas.

En términos jurídicos, cualquier
restricción debe estar fundada y motivada, lo que significa señalar las razones
de hecho que dan origen a la medida, y los artículos constitucionales y legales
en los que esta se basa, pues ninguna autoridad puede actuar si la ley no lo
faculta para ello. Lamentablemente, en este tipo de situaciones en las que se
involucra la salud de miles de mexicanos, algunas de nuestras libertades
podrían verse limitadas temporalmente.

En ese tenor, la autoridad debe actuar siempre en el marco de la ley, para afectar lo menos posible nuestros derechos fundamentales, en el entendido que las medidas que se tomen serán para evitar un mal mayor. Aun así, en caso de no estar de acuerdo con lo que se ordene, podemos recurrir al juicio de amparo, que es el instrumento jurídico mediante el cual los juzgados le señalan a la autoridad administrativa si sus medidas de emergencia son adecuadas y razonables. 

Apoyo a las empresas

Otra razón de peso para que sesione el Consejo de Salubridad General es que entre sus miembros también se encuentran el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Enoch Castellanos.

La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), pidió esta semana al presidente Andrés Manuel
López Obrador, y a las autoridades financieras del país, a informar de forma “clara
y transparente”, sobre las medidas concretas que se implementarán para hacer
frente a los efectos económicos del COVID-19.

“En una situación de contingencia y crisis sanitaria como la que enfrentamos, importa por igual el conjunto de medidas que se tomen, como la credibilidad del Gobierno que debe implementarlas. Por ello, necesitamos una vocería contundente y eficaz en las materias de salud pública y económica”, dijo la organización patronal en un comunicado.

Para los empresarios, “resultan positivas, pero claramente insuficientes, las medidas de mitigación” tomadas hasta ahora por el gobierno, por ello le piden al Ejecutivo otorgar mayores estímulos fiscales para aminorar y contener el impacto económico que pueda ocasionar la emergencia sanitaria.

Proponen acelerar los procesos de
devolución de impuestos, en particular del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
suspender temporalmente los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta,
sobre todo en los sectores aéreo, turístico, y del transporte; suspender temporalmente
actos de fiscalización, y establecer -de manera urgente- estímulos fiscales
temporales al empleo e inversión.

Como el Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado en el que intervienen titulares de diferentes carteras y sectores, cualquier medida sanitaria que se tome, también puede ir acompañada de acciones específicas que aminoren las consecuencias económicas de aquellas, lo que hasta hoy, lamentablemente, no ha ocurrido.

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